La administración de Donald Trump ha intensificado significativamente sus políticas de inmigración desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Estas acciones han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en comunidades inmigrantes y defensores de los derechos humanos.
Deportaciones masivas y redadas
Trump ha prometido llevar a cabo una de las campañas de deportación más grandes en la historia de Estados Unidos, con un objetivo informado de deportar hasta un millón de personas en su primer año. Se han implementado medidas como la expansión del programa de «remoción acelerada», que permite la deportación rápida de personas sin el debido proceso judicial si se determina que ingresaron sin documentos y llevan menos de dos años en el país.
Además, se han realizado redadas en comunidades inmigrantes, con el objetivo de deportar entre 6,000 y 10,000 personas, lo que ha generado un clima de miedo y desconfianza en diversas ciudades.
Expansión de centros de detención
La administración ha inaugurado nuevas instalaciones de detención, como el Campamento 57 en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, destinada a albergar a inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves. Este centro tiene capacidad para más de 400 hombres y forma parte de una estrategia más amplia que incluye centros similares en Florida, Nebraska y Texas.
Impacto en la población inmigrante
Estas políticas han tenido un impacto directo en la población inmigrante en Estados Unidos. Según datos del Pew Research Center, la población inmigrante ha disminuido en un 2.6% entre enero y junio de 2025, marcando el primer descenso desde la década de 1960. Este cambio se atribuye a factores como las políticas de deportación, las restricciones al asilo y el aumento de la aplicación de la ley.
Reacción y preparación
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes están trabajando para preparar a las comunidades ante estas amenazas. Se están ofreciendo recursos legales y educativos para ayudar a las personas a conocer sus derechos y cómo actuar en caso de ser detenidas.
Estas medidas reflejan un enfoque más agresivo hacia la inmigración por parte de la administración Trump, con implicaciones significativas para las comunidades afectadas y para la política migratoria en general.