Durante una reciente comparecencia pública, Héctor Zelaya, secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, insistió en que el Estado de Excepción forma parte esencial de la estrategia de seguridad del país. Esta medida, vigente desde diciembre de 2022, se ha prorrogado más de 23 veces y actualmente abarca 226 municipios.
Zelaya defendió los resultados de esta política, afirmando que ha sido “muy efectiva” contra el crimen organizado, destacando capturas en flagrancia y operaciones en zonas de alta peligrosidad. “Todo aquello que funciona debería mantenerse. No es una medida coercitiva, sino una necesidad para combatir la delincuencia”, sostuvo.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, respaldó estas declaraciones, señalando que el Estado de Excepción beneficia a la ciudadanía al mantener herramientas de protección vitales. También confirmó que el Consejo de Ministros reiteró la solicitud de prórroga y que el Congreso Nacional debe ratificarla en conformidad con la ley.
Eficacia versus tensiones democráticas
| Aspecto | Detalles |
|---|---|
| Resultados oficiales | Reducción del 14 % en homicidios entre enero y julio de 2025; 108 municipios reportan cero homicidios (36 % del territorio). Desarticulación de 51 estructuras criminales y más de 58.000 allanamientos. |
| Críticas y alertas | Conadeh y la OACNUDH reportan más de 1,000 denuncias por violaciones a derechos humanos (detenciones arbitrarias, tortura, destrucción de propiedad y violencia sexual). Además, se cuestiona la legalidad de algunas prórrogas sin aprobación del Congreso. |
El Gobierno defiende el Estado de Excepción como una herramienta efectiva para enfrentar el crimen organizado. Sin embargo, múltiples organismos de derechos humanos denuncian violaciones y un debilitamiento de las garantías constitucionales. Se trata de un tema crítico en un año electoral, donde se cuestiona el equilibrio entre seguridad y democracia.
