Fin del TPS para hondureños en EE. UU.: miles enfrentan incertidumbre y riesgos de deportación

La administración de Estados Unidos determinó la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 51,000 hondureños, generando preocupación entre la comunidad migrante. Expertos advierten sobre consecuencias legales, económicas y humanitarias que podrían afectar a quienes han vivido y trabajado en EE. UU. por décadas.

Washington, 10 de julio de 2025 – La decisión del gobierno estadounidense de finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos hondureños ha generado alarma y preocupación entre miles de personas que llevan décadas viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos. El TPS había sido otorgado a los hondureños tras el devastador huracán Mitch de 1998, permitiéndoles residir y laborar en EE. UU. sin temor a deportación.

La administración Trump, en su segundo mandato, justificó la revocación argumentando que las condiciones en Honduras han mejorado, eliminando la necesidad de mantener un programa de protección temporal. Sin embargo, expertos en migración y derechos humanos advierten que la decisión podría tener consecuencias graves para los beneficiarios, incluyendo deportaciones masivas, pérdida de empleos y separación de familias.


Impacto en la comunidad hondureña

Se estima que más de 51,000 hondureños se verán directamente afectados por la medida, muchos de los cuales han construido sus vidas en ciudades estadounidenses, contribuyendo a la economía local y pagando impuestos. Para muchos, la cancelación del TPS representa un riesgo inminente de deportación hacia un país donde las oportunidades económicas y la seguridad siguen siendo limitadas.

Organizaciones de inmigrantes, como la Fundación 15 de Septiembre, han advertido sobre la urgencia de buscar alternativas legales para regularizar la situación de los afectados. Entre las opciones, se incluyen solicitudes de visas familiares, programas de asilo y ajustes de estatus migratorio para quienes califican.


Repercusiones legales y humanitarias

Abogados especializados en inmigración destacan que la finalización del TPS podría generar un aumento en litigios y apelaciones legales, así como un incremento de la presión sobre los tribunales y agencias migratorias. Además, se teme que la medida agrave problemas humanitarios, especialmente para aquellos con hijos nacidos en EE. UU., quienes son ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

Un estudio del Pew Research Center indica que la cancelación del TPS podría afectar no solo la estabilidad económica de las familias migrantes, sino también la dinámica de comunidades enteras, ya que muchos hondureños ocupan empleos esenciales en sectores como la construcción, la agricultura y la salud.


Reacción del gobierno hondureño

El gobierno de Honduras ha expresado su preocupación ante la medida y ha iniciado gestiones diplomáticas para apoyar a los ciudadanos afectados. Javier Bu Soto, canciller de Honduras, afirmó que se mantendrán canales abiertos con EE. UU. para explorar soluciones que eviten deportaciones masivas y garanticen la protección de los derechos de los migrantes.

Por su parte, organizaciones internacionales han pedido que se considere una extensión temporal o alternativas legales que permitan a los hondureños mantener su estatus hasta encontrar vías seguras para residir o regresar al país de origen sin riesgo.


Recomendaciones para los afectados

  • Consultar con abogados especializados en inmigración para evaluar posibilidades de regularización.
  • Mantener actualizados los documentos de residencia y empleo.
  • Participar en programas de asistencia legal gratuita o de bajo costo ofrecidos por ONGs y organizaciones comunitarias.
  • Informarse sobre los derechos en caso de detención o procesos de deportación.

Conclusión

El fin del TPS marca un momento crítico para miles de hondureños en Estados Unidos. La combinación de incertidumbre legal, riesgos de deportación y posibles impactos económicos y sociales subraya la necesidad de acciones coordinadas entre EE. UU., el gobierno hondureño y organizaciones civiles para proteger a quienes han vivido durante años contribuyendo a la sociedad estadounidense.


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