A dos meses de las elecciones generales de 2025, Honduras se encuentra en medio de una profunda crisis política y social. El país enfrenta desafíos significativos en materia de transparencia electoral, gobernabilidad y seguridad, lo que ha generado preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional.
Un informe del Congressional Research Service (CRS), unidad de investigación bipartidaria del Congreso de Estados Unidos, destaca que las instituciones hondureñas siguen siendo frágiles y que el proceso electoral despierta serias preocupaciones sobre su transparencia y credibilidad. Las primarias de marzo ya estuvieron marcadas por fallos logísticos, denuncias de violencia política y cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales en favor del partido Libre.
Además, el país se encuentra bajo un estado de excepción que ha restringido derechos constitucionales en más de 200 municipios, lo que agrava la situación. La polarización política es evidente, con un electorado cansado de la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad.
Las relaciones con Estados Unidos también atraviesan tensiones, ya que Washington ha recortado fondos de cooperación y endurecido medidas migratorias que afectan a más de un millón de hondureños en territorio estadounidense. Esto es especialmente preocupante dado que las remesas representan el 26% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
En el ámbito electoral, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ha denunciado que el Congreso Nacional aún no ha aprobado el presupuesto necesario para garantizar la seguridad jurídica del proceso. Esta falta de recursos compromete la capacidad del TJE para responder en tiempo y forma a los recursos de apelación.
Además, la presencia de elementos militares en el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha generado alarma y afecta el ambiente laboral dentro de la institución, según advirtió un diputado. Esta situación ha provocado incertidumbre e inseguridad entre los empleados del CNE.
A medida que se acercan las elecciones, la situación en Honduras se vuelve cada vez más compleja. La falta de transparencia, los recursos limitados y la creciente polarización política ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral. Es imperativo que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar un ambiente electoral libre, justo y transparente.
